Gaceta de Madrid 13 septiembre 1932

El Estatuto del Vino de 1932: origen del vino moderno en España

La aprobación del Estatuto del Vino de 1932 marcó un hito decisivo en la historia vitivinícola española. Fue la primera gran legislación que ordenó de manera sistemática la producción, elaboración y comercialización del vino en un país que, hasta entonces, vivía entre reglas dispersas, costumbres locales y un mercado desigual. En plena Segunda República, el vino se situó en el centro del debate económico y territorial.

El Estatuto surgió para responder a un problema arrastrado desde finales del siglo XIX: la ausencia de un marco normativo que protegiera la calidad y limitara los abusos en el comercio. La filoxera había provocado una reconfiguración del viñedo, y la rápida expansión de la producción generó tensiones entre zonas exportadoras, regiones de autoconsumo y mercados urbanos cada vez más exigentes. Era necesario ordenar el sector.

La gran novedad del Estatuto fue la creación de las Denominaciones de Origen. Por primera vez, el Estado reconoció oficialmente que la procedencia del vino era un elemento fundamental de calidad y de identidad territorial. Rioja, Jerez o Málaga fueron algunas de las primeras zonas en beneficiarse de este sistema, que limitaba prácticas fraudulentas y protegía a los productores ante la competencia desleal.

El texto también reguló aspectos técnicos: aforos, gradaciones, categorías de vino y métodos de elaboración. Aunque muchas de estas medidas buscaban elevar la calidad, también pretendían estabilizar precios y evitar crisis de sobreproducción que habían afectado al sector durante décadas. El Estatuto fue, por tanto, una herramienta económica además de agrícola.

A pesar de su importancia, la Guerra Civil y la posguerra dificultaron su aplicación plena. Aun así, el Estatuto del Vino de 1932 dejó fijados los principios que más tarde inspirarían las normativas de los años sesenta y el sistema actual de denominaciones. Su influencia se extiende hasta hoy en la forma en que España entiende y regula su patrimonio enológico.

Mirar hacia ese año 1932 permite comprender el origen de muchas estructuras contemporáneas del vino español. Fue un momento de modernización legislativa que impulsó una visión más ordenada, territorial y profesional del sector vitivinícola.


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